Que el sistema nacional de salud pasa por un mal momento financiero es un secreto a voces. Como indicador puede servir una encuesta encargada por el Consejo General de Colegios de Enfermería que señala que el 91,9% de la población así lo admite, y que, de ellos, el 86,6% (casi el 80% del total de la muestra, 1.200 personas entrevistadas por teléfono a finales de octubre) cree que los problemas son graves, y el 64,2% que van a incrementarse.
El trabajo ha sido presentado esta mañana por el presidente de los colegios de enfermería, Máximo González Jurado, y por José María Sansegundo, director de la empresa que ha hecho el trabajo, Análisis e Investigación. Este último dijo que el margen de error era inferior al 3%.
González Jurado calificó los resultados generales del trabajo como la reflexión del temor de los ciudadanos que se ven en la disyuntiva de elegir entre mantener un sistema que les gusta, pero que reciben a diario el mensaje de que este es insostenible. Y, quizá, la muestra más destacada de esta disposición a hacer cesiones para mantener un bien mayor sea la respuesta a la pregunta de si creen que el Estado central debería recuperar las competencias sanitarias. Entonces, un 42,3% los consideró muy adecuado, y el 27,5% lo aceptó -"sin grandes entusiasmos", dijo Sansegundo-. Esto arroja un 69,8% de aceptación a la propuesta.
Sin embargo, la interpretación de este resultado debe hacerse con prudencia. "Esto no quiere decir que haya un rechazo a la gestión de las comunidades; si lo hubiera, la satisfacción con el sistema no sería tan alta en todas las encuestas sanitarias", dijo González Jurado (en esta, los encuestados aprueban la formación, medios, atención e incluso la gestión, y solo suspenden la financiación y las listas de espera). Sansegundo remachó la idea: "Todo esto está en línea del concepto de salvar el sistema, aunque sea haciendo concesiones".
De hecho, de las medidas consultadas hay otra que tiene aún más aceptación: que el Estado -se entiende que el central- asuma el déficit "sin restricciones, ya que se trata de un servicio esencial".
En el trabajo se observa, además, que hay una clara dicotomía: alrededor de un tercio estaría dispuesto a aceptar cambios como que se introdujera un copago en función de la renta o el llamado ticket moderador -un pago fijo por usar algunos servicios-, pero, a la vez, hay muchas dudas sobre si estas medidas son justas o necesarias (alrededor del 50% no lo piensa así), y es abrumadoramente mayoritaria la opinión de que estos elementos, ajenos por naturaleza al actual modelo, vayan a ser socialmente aceptados.
La encuesta -que se puede consultar íntegra en el documento adjunto- también trata temas sectoriales (el papel de la enfermería, con sus cambios como que puedan recomendar fármacos o que tengan más papel en la atención de enfermos crónicos o niños sanos) y también incide sobre la participación de la sanidad privada. En general, son mayoría quienes, aun si pudieran elegir, preferirían ir a la pública para los cuatro aspectos principales (consultas, emergencias, enfermedades leves y graves). La elección está decantada, sobre todo, en el caso de las emergencias y las enfermedades u operaciones graves. Y ello a pesar de que casi el 25% de la población tiene un doble aseguramiento y hasta un 5% solo lo tiene privado (algo que puede cambiar con la nueva ley de Salud Pública que abre la puerta a que se acabe con los casos en que una persona, aunque sea española y viva en España -y, por tanto, pague impuestos aunque no sea el IRPF-, no tenga sanidad pública).
La buena noticia es que, a pesar de la crisis y de los recortes, solo un 31% ha notado que la atención se haya deteriorado en los últimos meses.
Más información: El País
